La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha denunciado una nueva maniobra de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria, que vuelve a actuar de espaldas al profesorado y a sus legítimos representantes, al someter a exposición pública una propuesta de orden que modifica el Anexo de la Orden ECD/84/2017, norma que regula la provisión de empleo docente interino en los centros educativos de Cantabria.

La federación ha alertado de que esta modificación afecta directamente a las condiciones de trabajo de más de 5.000 docentes interinos, al eliminar la posibilidad de que se conserve la nota de los aspirantes obtenida en procesos selectivos anteriores si no superan el proceso completo, lo que puede generar inseguridad jurídica y desestabilización. Según recuerda, la Consejería pretende así consumar unos cambios que ya anunció el pasado noviembre y que suscitaron un amplio rechazo entre el personal interino, que protagonizó protestas contra su imposición unilateral junto con CCOO y, posteriormente, con la Junta de Personal Docente.

Así, ha apuntado, la Consejería está dispuesta a modificar de manera unilateral una orden que, desde 2004, se viene negociando entre las distintas Consejerías y la Junta de Personal Docente, con el respaldo unánime de las organizaciones sindicales. En esta ocasión, no se ha negociado previamente; de hecho, el consejero de Educación, Sergio Silva, se reunió por última vez con los representantes sindicales el 5 de septiembre.

En ese sentido, han hecho hincapié en que desconocen las motivaciones para que se haya aprobado de urgencia en el Consejo de Gobierno y se preguntan, de igual modo, por qué sólo han dado cinco días hábiles para realizar las alegaciones a esta propuesta de orden.

Conchi Sánchez, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, ha señalado que “esta decisión se enmarca en una cadena de actuaciones adoptadas sin consenso en los últimos meses, como la imposición de nuevas instrucciones sobre el trabajo del profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, elaboradas sin negociación y que han generado incertidumbre y rechazo; la presentación de un anteproyecto de ley de autoridad del profesorado y convivencia escolar que, a su juicio, mezcla de manera preocupante ambos conceptos y carece de efectos reales inmediatos; o el intento de alterar el modelo de calendario escolar que durante diez años ha generado amplios consensos en la comunidad educativa de Cantabria”.

Todas estas decisiones se vienen imponiendo tras las últimas movilizaciones importantes que protagonizó el profesorado de Cantabria, en septiembre y octubre –incluida la semana de huelgas del 20 al 24 de octubre–, en pleno conflicto por la adecuación salarial que se arrastra desde noviembre de 2024. Desde que la Junta de Personal Docente decidió no dar continuidad a las movilizaciones en el periodo en que se negociaban los Presupuestos de 2026 en el Parlamento de Cantabria, la Consejería ha intensificado un goteo constante de medidas lesivas para el colectivo docente.

Sánchez ha afirmado que “la Consejería ha optado por la imposición permanente en lugar del diálogo. Era necesario mantener las movilizaciones y sigue siéndolo. Si el profesorado no se mantiene unido y con una hoja de ruta clara, queda desprotegido frente a una Administración que ha demostrado reiteradamente que no prioriza la mejora de la educación pública ni de sus profesionales”.

Por todo ello, ha exigido la retirada inmediata de la modificación de la orden que regula el acceso del personal interino, el cese de las imposiciones unilaterales y el respeto a la representación legítima del profesorado, así como la reapertura del proceso de negociación sobre la adecuación retributiva, bloqueado desde hace cuatro meses.

“La educación pública de Cantabria no puede gestionarse a golpe de decisiones unilaterales. Seguiremos defendiendo con firmeza y coherencia los derechos laborales de quienes sostienen cada día el sistema educativo público en la comunidad autónoma”, ha concluido Sánchez.