Podemos Cantabria ha presentado hoy una denuncia formal ante ADIF Patrimonio por la transformación de la plataforma del antiguo ferrocarril Santander–Mediterráneo en una carretera asfaltada de acceso al futuro teleférico del Castro Valnera, una actuación que, según la formación, plantea serias dudas sobre la existencia de autorización previa del administrador ferroviario, vulnera la cesión firmada en 2020 y se presenta bajo la denominación administrativa “vía verde” o “carril bici-peatonal”.
Según la documentación oficial del proyecto autonómico “ACD La Engaña: Mejora de plataforma y ejecución de carril bici-peatonal”, la obra está convirtiendo 3,38 km de la traza ferroviaria en una carretera con 6–6,5 metros de anchura, firme asfáltico de 40 cm y un tráfico previsto superior a 500 vehículos diarios, incluidos vehículos pesados.
La formación recuerda que la cesión otorgada por ADIF a CANTUR en 2020 tenía un fin claro: la creación de una vía verde, lo que implica un uso no motorizado, recreativo y de bajo impacto. “Convertir esa cesión en una carretera para vehículos que alimenten un teleférico es alterar de manera radical el uso autorizado, y hacerlo sin los permisos obligatorios supone un riesgo legal y patrimonial evidente”, añade Gómez.
“Esto no es una vía verde ni un carril bici: es una carretera construida sobre dominio público ferroviario para dar acceso al teleférico”, ha denunciado Pablo Gómez, responsable de Medio Ambiente de Podemos Cantabria. “La propia documentación pública habla de una cesión para desarrollar una vía verde; no se menciona en ningún momento la construcción de una carretera ni el servicio a un teleférico. Una actuación de esta naturaleza solo puede realizarse con autorización expresa de ADIF. Si esa autorización no existe, estamos ante una infracción muy grave”.
Podemos Cantabria ha solicitado a ADIF que abra de manera inmediata un expediente de inspección, que determine si existe o no autorización para la carretera y que, en caso negativo, ordene la paralización de las obras y la restitución del dominio público ferroviario.
La formación advierte además del efecto acumulativo que este tipo de infraestructuras está generando en el Alto Pas, así como de la construcción de accesos viarios sin una evaluación ambiental completa, pese a su impacto sobre hábitats de alta montaña, la conectividad ecológica y los recursos naturales de la zona.
“Estamos ante un proyecto que pretende transformar una comarca entera sin transparencia y sin el control ambiental y patrimonial que exige la ley”, concluye Pablo Gómez, “No vamos a permitir que el Gobierno de Cantabria fuerce la legalidad para sacar adelante un proyecto irresponsable”

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