La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria ha subrayado que el Anteproyecto de Ley de Autoridad del profesorado y de la convivencia escolar en los centros educativos presentado por la Consejería de Educación es una iniciativa normativa innecesaria, un “fantasma jurídico” que genera inseguridad y supone “un atropello más a la comunidad educativa”.

Conchi Sánchez y David Aguirre, secretaria general y responsable de educación pública no universitaria de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, respectivamente, han advertido en rueda de prensa que “nos hemos encontrado con mucha desinformación por parte del profesorado porque se ha hecho a espaldas del personal docente y sus representantes, sin contar con quien sostiene la educación, que es el profesorado y las familias”.

Así, tras el análisis detallado del documento, el sindicato ha presentado un paquete de siete alegaciones para dar un giro a este anteproyecto –ya que “previsiblemente, saldrá adelante”- que “no soluciona los problemas diarios del profesorado y nos aleja de la realidad educativa, vinculando la autoridad a la jerarquía e ignorando que la convivencia es un proceso preventivo, comunitario y restaurativo”.

En este sentido, Sánchez ha insistido en que “la convivencia no es consecuencia de la autoridad jerárquica y, con esta ley, quieren volver a un modelo que ya teníamos olvidado”, además de tener un enfoque punitivo y centrarse en tipificar conductas y gravar sanciones, “con una visión reduccionista que deja a un lado el enfoque preventivo que marca la LOMLOE”.

Sánchez ha detallado que “nuestras enmiendas proponen diferenciar el apoyo a la función docente de la gestión de la convivencia, además del establecimiento de medidas educativas reales para que las intervenciones tengan contenido pedagógico y no sean solo castigos vacíos”. Por otro lado, son necesarios recursos para el bienestar, por lo que Sánchez ha exigido que “la figura de coordinación de Bienestar tenga perfil profesional, tiempo efectivo y apoyo institucional real y que se ofrezca protección al alumnado vulnerable, de modo que haya garantías para que nadie se quede fuera del sistema”.

Entre el resto de acciones que ha emprendido el sindicato, se encuentran la celebración de una asamblea y la presentación de un cuestionario a la afiliación que, como ha denunciado Aguirre, “nos hubiera gustado enviar a todo el profesorado, pero no podemos porque se nos ha retirado la posibilidad de usar la lista de difusión, por lo que redoblaremos el esfuerzo de visita a los centros”.

En este recorrido, el sindicato llevará a cabo una campaña basada en tres ejes –información, organización y actuación- con la que recorrerá los centros educativos para proporcionar información y recuperar la democracia en los claustros, a los que han emplazado a “reunirse y organizar asambleas para leer el borrador del proyecto, debatirlo y hacer propuestas a esta ley que no reduce la burocracia, ni las ratios, ni da más apoyo, sino que solo da autoridad sobre el papel, sin herramientas pedagógicas”, ha concluido Aguirre. Por otro lado, el sindicato está pendiente de mantener una reunión con la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (FAPA), a quien han solicitado un encuentro para abordar este tema.