El acusado de detener ilegalmente, herir y extorsionar a otro hombre con el que había tenido negocios en común ha aceptado una condena de dos años de cárcel en el juicio contra él, celebrado este jueves en la Audiencia Provincial de Cantabria con conformidad de las partes.

En la vista, el procesado -vecino de Torrelavega y que se enfrentaba a cinco años de prisión que pedía el fiscal- ha aclarado que se ha mostrado conforme con los hechos imputados y la pena pactada porque así se lo ha recomendado su abogado -«confío en él», ha dicho-, y más en la situación en la que se encuentra, preso por otra causa relacionada con el tráfico de drogas en Galicia.

Así, en el ejercicio de su derecho a la última palabra, el enjuiciado ha manifestado que no está «muy de acuerdo» con lo que acababa de aceptar y que le «hubiera gustado decir unas cuantas cosas». «Escribí 14 folios de mi puño y letra contando 51.000 verdades», ha indicado a los magistrados de la Sección Tercera.

Ante estas palabras, el presidente del tribunal se ha dirigido a las partes: el representante del ministerio público y el de la acusación particular han señalado que no tienen nada que decir al respecto, en tanto que el letrado del implicado ha aclarado que ha explicado el acuerdo y las consecuencias del mismo a su cliente, de modo que si no se mostraba conforme renunciaba a la defensa.

Tras esto, el acusado -que estuvo en prisión provisional durante un mes por estos hechos- ha reiterado que sí está de acuerdo con el pacto, remarcando que lo acepta «porque mi abogado me lo ha aconsejado por la situación en la que me encuentro».

En consecuencia, va a ser condenado a un año y dos meses de cárcel por detención ilegal, a diez meses más por extorsión, y al pago de una multa -con cuota diaria durante 29 días- por el delito de lesiones leves, al haberse aplicado la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño, tras depositar una fianza para el pago de la responsabilidad civil de 5.500 euros.

En la sentencia también se incluirá la medida de prohibición de comunicarse o acercarse durante ocho años -periodo que no se ha modificado- a la víctima, a la que trató de obligar a que le cediera el contrato que tenía suscrito con una empresa, que prestaba servicios de transporte a Solvay.

La vista, que se iba a desarrollar también el viernes, estuvo señalada a finales del pasado mes de marzo, pero se tuvo que suspender y aplazar hasta ahora al encontrase el procesado en la prisión de A Lama (Pontevedra) desde el 14 de febrero, cuando fue detenido junto a otro hombre de Monforte tras una redada en la que se incautó una gran planeadora cuando al parecer intentaban botarla al agua en Vilaboa de madrugada.

El remolque en el que quedó atascado estaba preparado para poder llevar la embarcación hasta el agua y se cree que les esperaban otros implicados en una furgoneta que se dio a la fuga poco antes de llegar la Guardia Civil.

DETENCIÓN ILEGAL Y EXTORSIÓN A SU EXSOCIO TRAS «DESAVENENCIAS»

En cuanto a la causa enjuiciada en Cantabria, y según el escrito de acusación del ministerio público, el procesado mantenía «desavenencias» con su exsocio y de común acuerdo con otras dos personas -no identificadas- trató de obligarle a que cediese el contrato suscrito con la compañía que hacía transportes a Solvay.

Como ese fin, en febrero de 2021 interceptó con su vehículo el paso del que conducía la víctima, al tiempo que otro turismo, ocupado por los dos desconocidos, se situó detrás para impedir que diese marcha atrás.

El acusado y sus acompañantes, que iban encapuchados, se bajaron de los automóviles y obligaron al hombre a salir del suyo, golpeándole en la cabeza con la culata de una pistola, mientras le amarraron las manos por la espalda con unas bridas, le introdujeron a la fuerza en el coche del procesado y le trasladaron a su garaje.

Allí, permaneció sentado en una banqueta y le volvieron a golpear con la pistola, mientras el acusado «le retorcía los brazos, le encañonaba con el arma en la boca» y le decía que «esto se arregla» si dejaba el trabajo de Solvay y se lo pasaba: «Yo iré a la cárcel, pero a ti y a tu familia os va a costar la vida», le amenazaba.

El acusado logró así que el perjudicado enviara un correo electrónico al responsable de la contrata de Solvay en el que le decía que cesaba en su actividad y que a partir de ese mismo día prestaría servicio la empresa del acusado. Extrañados por la situación, los responsables de la empresa constataron lo ocurrido impidiendo al procesado que realizara ningún servicio de transporte.

Pese a ello, continuó insistiendo en su propósito con mensajes «intimidatorios», por lo que la Guardia Civil montó un dispositivo de vigilancia y constató que «merodeaba» por los alrededores del domicilio de la víctima y en Mercasantander, donde tenía estacionado su camión.

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