Los grupos parlamentarios regionalista y socialista, partidos que sustentan al Gobierno de Cantabria, han hecho valer su mayoría absoluta en el Pleno de este martes para tumbar tres proposiciones no de ley (PNL) presentadas por PP, Ciudadanos (Cs) y Vox pidiendo la planificación de la estrategia de vacunación contra el Covid-19 y la presentación de los informes jurídicos y sanitarios que avalan las restricciones frente a la pandemia.

Las iniciativas de PP y Cs reclamaban, en resumen, un plan “urgente” para garantizar el suministro de dosis y personal suficiente para vacunar, así como el cumplimiento del orden y protocolo de vacunación.

Ambas propuestas eran “muy similares”, aunque la de los ‘populares’ era más detallada y fijaba fechas y cifras concretas de vacunación o distribuía los equipos de sanitarios para la campaña. En concreto, el plan se articulaba en base al objetivo de tener 246.000 cántabros vacunados para el mes de julio

Esa concreción ha sido precisamente la que ha provocado el rechazo del PRC y PSOE, que han argumentado la propuesta es “poco flexible” y que debería poder adaptarse a un escenario que es “muy cambiante”.

Así lo han dicho la regionalista Ana Obregón y la socialista Paz de la Cuesta, que han considerado “imprudente” fijar un número de personas tan cerrado porque es “imposible” garantizarlo al estar la vacunación “condicionada” por la los problemas de suministro de dosis.

En cuanto a la PNL de Cs, la han rechazado explicando que “ha quedado obsoleta” y se caracteriza por un “anacronismo absoluto” porque “muchas de las peticiones” que hace, como la formación de los equipos de vacunación o la actuación conforme al orden que marca el protocolo a nivel nacional, “ya están superadas”.

Y tras las críticas de la oposición, que ha calificado de “desastre” la campaña de vacunación en Cantabria, han defendido que el ritmo es el “adecuado” a la cantidad de vacunas que llegan y que no se trata de un problema de recursos ni de personal por parte del Gobierno regional, sino de la “escasez” de vacunas. “El ritmo está dentro del margen de suministro”, han insistido.

Desde el PP, César Pascual ha lamentado el rechazo a su propuesta ya que no pedía “ninguna cosa del otro mundo”, sino un plan que dé “seguridad y certidumbre” ya que la meta de la inmunidad de grupo para verano “se complica cada vez más”.

En la misma línea, el diputado de Cs Félix Álvarez ha dicho que lo que pide es que las dosis que lleguen “se pongan lo más rápido posible” porque “nos va la vida en ello” y ha opinado que “lo más insoportable” de la actuación del Ejecutivo durante la pandemia es que, “sabiendo que iban a llegar las vacunas, no estuviéramos preparados”. Así, se ha preguntado si eso “no es suficiente para que el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, se vaya para su casa”.

Tanto Pascual como Álvarez han señalado que en Cantabria “no hay un plan” de vacunación como el que solicitaban, que consideran que tiene que elaborarse “ya”. “A ustedes les pilla el carrito de los helados todos los días dos veces”, ha dicho el diputado naranja.

Vox había presentado una enmienda de adición a ambas propuestas, a la del PP para añadir que se garantice recibir la segunda dosis a las personas que ya han recibido la primera, y a la de Cs para pedir un régimen sancionador para quienes incumplan el protocolo de vacunación.

El PP aceptó la enmienda -aunque consideraba que la PNL ya incluía su petición- y Cs no al considerar que podría suponer “ponerle precio” a las vacunas, aunque finalmente ninguna de las dos propuestas ha salido adelante al contar con los votos de PP, Cs y Vox pero con el rechazo de PRC y PSOE.

INFORMES QUE AVALEN LAS MEDIDAS

Lo mismo ha ocurrido con la PNL de Vox, que solicitaba acompañar cada decisión que se tome para frenar los contagios y que afecte a los derechos de los ciudadanos con los informes jurídicos, técnicos y sanitarios que avalen dichas medidas.

El diputado de la formación Cristóbal Palacio ha reclamado que esos documentos sean públicos conforme a la Ley de Transparencia y ha insinuado que si no se hace es porque los informes “no justifican las medidas” que toma el Gobierno, poniendo el ejemplo de la decisión que tomó el Ejecutivo de suspender las vacaciones escolares del 2 al 8 de noviembre, que finalmente la Justicia echó atrás.

PP y Cs han apoyado la propuesta opinando que no dar a conocer los informes “crea inseguridad, indignación y desconcierto” entre la población.

Así, Isabel Urrutia (PP) y Diego Marañón (Cs) se han preguntando “cuál es el documento que avala” actuaciones como el cierre del interior de locales de hostelería -cuando en otras comunidades se ha optado por otras limitaciones-, vacunar a los presos de El Dueso antes que a otros colectivos como los de los colegios, permitir hacer deporte en grupo al aire libre y no en interiores o cerrar centros comerciales los fines de semana en lugar de regular el aforo todos los días.

Por el contrario, la regionalista Emilia Aguirre y la socialista Yolanda Algorri han asegurado que dichos informes son públicos y que “cualquier ciudadano” tiene acceso a ellos, por lo que han opinado que con esta PNL Vox solo intentaba “engañar y confundir” a la población en lugar de “echar una mano” para frenar la pandemia.