La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández Viaña, y el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, han destacado la posición avanzada de Cantabria en el proceso de digitalización de la Administración judicial y el buen resultado del modelo de cogobernanza en la gestión de los fondos europeos por parte de las autonomías con competencias en la materia y el Ministerio.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión institucional que han mantenido hoy en la sede del Ejecutivo regional, la primera que celebran ambos al frente de sus cargos y en la que la consejera cántabra ha expuesto al ministro las necesidades de ampliación de la planta judicial en la Comunidad Autónoma y los proyectos en marcha en el ámbito de la digitalización de la justicia regional.

Tras reconocer que el Ministerio de Justicia ha sido el primero en implementar los fondos europeos de recuperación que ya llegaron a Cantabria durante pasado año, la consejera de Justicia ha señalado que la Comunidad dispondrá hasta 2023 de 7 millones de euros que irán destinados a innovación tecnológica y a los proyectos de digitalización de la Administración de Justicia.

En esta inversión se incluyen los 3 millones de inversión, de un montante total de 10 millones que se repartirán entre otras tres autonomías que comparten el sistema de gestión Avantius (País Vasco, Aragón y Navarra), para garantizar la comunicación y la interoperabilidad de los sistemas utilizados en los juzgados.

Entre los proyectos ya lanzados, Fernández Viaña ha destacado la adquisición de equipos informáticos, conexiones inalámbricas en las sedes judiciales y equipos de videocomunicación para consolidar la modernización tecnológica, una inversión que ha superado los 500.000 euros, provenientes de los fondos europeos NextGenerationEU, y que “serán una realidad próximamente”.

Igualmente, ha declarado que otras partidas de este fondo se destinarán en el futuro próximo a la digitalización de la totalidad de los registros civiles para transformar en soporte electrónico los libros, unos 1.600 que se encuentran en los municipios y que “debemos tener al día”.

Por su parte, el secretario de Estado de Justicia ha señalado que Cantabria ha puesto de relieve el “cambio fundamental” que supondrán las leyes sobre eficiencia organizativa y de eficiencia procesal del servicio público de justicia en todo el territorio nacional y, también, en Cantabria.

Además, ha reconocido el “esfuerzo” de Cantabria por implementar en proyectos los fondos europeos y ha considerado que el Gobierno autonómico está haciendo un “buen trabajo” en el ámbito de la justicia. Cantabria, ha dicho, es una comunidad en una posición intermedia en número de litigios, pero “una de las más avanzadas en gestión procesal, como una de las comunidades autonómicas que comparten el sistema Avantius”.

Nuevos órganos judiciales

Por otro lado, la consejera Fernández Viaña ha trasladado al secretario de Estado de Justicia las demandas de Cantabria para ampliar los órganos judiciales y responder a los asuntos pendientes que se acumulan en los juzgados, sobre todo en segunda instancia.

Cantabria ha solicitado al Ministerio Justicia la creación “prioritaria” de dos nuevas plazas de magistrado en las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Cantabria para hacer frente a la sobrecarga de trabajo, que supera en casi 50 puntos la tasa de litigiosidad aconsejada del 130 por ciento, hasta alcanzar casi el 180 por ciento.

Otras necesidades de ampliación de planta judicial se centran en la creación del séptimo juzgado de lo Social y otro de Primera Instancia (el número 13), ambos en el partido judicial de Santander.

El Ministerio, según ha explicado el secretario de Estado, programa la creación de unas 70 unidades para todo el territorio nacional y ha asegurado que se responderá a la petición de uno de los órganos solicitados por Cantabria, que se unirá a la puesta en marcha, el 31 de diciembre de 2022, del segundo juzgado de lo mercantil.

Respecto a este nuevo órgano, solicitado por Cantabria el pasado año, la consejera de Justicia ha anunciado que de forma inmediata comenzarán las obras de adecuación en el Edificio Europa, así como la adquisición de los medios materiales necesarios para que entre en funcionamiento a finales de año.