Cantabria ha conmemorado hoy el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio con la vista puesta en la tramitación del nuevo decreto de justicia gratuita y la propuesta de revisión integral que garantice que el derecho a la tutela judicial efectiva para las personas que carecen de recursos económicos para litigar conforme un marco general, uniforme y homogéneo en todo el país.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Fernández Viaña, ha reiterado el compromiso de su Consejería para incrementar los baremos de tasas y abordar otras modificaciones del texto normativo actual.

El nuevo decreto que tramita el Gobierno autonómico tiene como objetivos fundamentales establecer una normativa que garantice una adecuada gestión, control, supervisión y abono de la justicia gratuita y, por otro lado, incrementar y dignificar el servicio del turno de oficio que prestan los profesionales respecto a la situación actual.

El sistema de asistencia jurídica gratuita está regulado por un decreto autonómico de 2008, que ahora se verá actualizado con las reformas habidas durante este tiempo, los nuevos baremos retributivos y una mejora de la actual gestión de los expedientes, que se realizan a través de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

Las novedades normativas tienen por objeto garantizar el cumplimiento de las exigencias formales para la tramitación de las solicitudes, respetando las normas sobre tratamiento y protección de datos, así como garantizando una ágil respuesta en la tramitación incorporando plazos que garanticen una respuesta al ciudadano.

Además, establece una regulación más pormenorizada del régimen de las subvenciones a los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores, y un régimen de pago trimestral efectivo y con plenas garantías.

Desde la Consejería, también se ha abordado la cuestión problemática de las periciales en los procedimientos en los que se disponga de justicia gratuita y finalmente se incrementa sustancialmente los módulos por los diferentes procedimientos.

Asimismo, Consejería y Colegio están trabajando para mejorar las retribuciones que en los últimos 6 años han tenido un incremento del 8% para abogados y un 18% para procuradores y se prevé que, cuando se apruebe el proyecto de decreto, se incremente entre un 15 y un 20%.

Actualmente, se está llevando a cabo el proceso de concesión de la Subvención correspondiente a este ejercicio por importe total de 2.226.367,62 euros. La primera mitad de esa cantidad, 1.113.183,81 euros tiene fecha de pago efectivo los próximos días.

Las solicitudes de justicia gratuita de 2020 y 2021 se han incrementado en un 25,18% los expedientes remitidos, lo que supone un aumento de 1.318 expedientes con respecto al año anterior. En total, se han admitido 6.553 expedientes, de los cuales, 6.511 han sido resueltos y solo 42 han sido archivados.

Los datos del pasado año, tras la pandemia, son similares a los de pre pandemia y se augura un incremento para el 2022 en un 11% puesto que en lo que va de año, han aumentado 350 expedientes con respecto a 2021. Esto augura un aumento de 700 expedientes para finales de año.

En este acto, celebrado en el Complejo de Las Salesas, han participado las autoridades judiciales de Cantabria, entre las que se encontraban el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral; la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, y los decanos de los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores, Andrés de Diego y Rosaura Diez, respectivamente.

El decano del Colegio Oficial de Abogados ha leído durante este acto un manifiesto en defensa del turno de oficio y ha defendido adecuar estos servicios a la situación actual y mejorar su eficiencia.

Propuesta al Congreso

Además, la Consejería de Justicia ha transmitido a los representantes de Cantabria en el Congreso con motivo del Debate del Estado de la Nación la propuesta que garantice que el derecho a la justicia gratuita sea reconocido en idénticos términos en todo el territorio nacional, debiendo homogeneizarse el régimen retributivo de los profesionales y estableciendo un único sistema uniforme de gestión de las subvenciones a los colegios profesionales.

En este sentido, Fernández Viaña ha informado de la necesidad de “unificar el funcionamiento económico y administrativo de la institución para evitar desigualdades para ciudadanos y profesionales que presten el servicio”.