La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, ha reiterado el compromiso del Gobierno de Cantabria con los colectivos más desfavorecidos y su voluntad de “trabajar en equipo” con las entidades sociales y fortalecer la colaboración con CERMI y EAPN Cantabria, como entidades que representan y defienden a las personas vulnerables, con discapacidad y a sus familias.

Así se lo ha transmitido a los presidentes de ambas entidades,  Ignacio Fernández y Daniel Pesquera, y a los miembros de sus juntas directivas en el transcurso de una reunión en la que han hablado de las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria de IRPF a gestionar por la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En el encuentro, en el que han estado presentes el director de Políticas Sociales, Julio Soto, y la directora del ICASS, María Antonia Mora, la consejera se ha interesado por los proyectos que están desarrollando CERMI y EAPN Cantabria y ha destacado que la atención a los colectivos más desfavorecidos es “nuestra prioridad”.

En la reunión también han abordado la adecuación de los precios públicos de las plazas concertadas con el ICASS, ante el aumento de los costes que ha provocado la crisis energética y la guerra de Ucrania, el fortalecimiento de los servicios públicos, así como la situación de los centros especiales de empleo que buscan garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad.

La consejera ha señalado que la Consejería de Empleo y Políticas Sociales sigue haciendo un esfuerzo extraordinario para apoyar estos centros, con una subvención que otorga el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) destinada a cubrir los costes salariales de este colectivo, y que en 2021 alcanzó el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un 25% más de lo que anualmente aporta el Ejecutivo.

Así mismo, el Gobierno ha decidido anticipar el 100% de las ayudas del coste salarial del puesto de trabajo ocupado por las personas con discapacidad por un importe del 50% del salario mínimo interprofesional o la cuantía proporcional en el caso de jornadas a tiempo parcial, en los centros especiales de empleo.

“Una medida que beneficia a más de 1.300 puestos de trabajo de 24 centros especiales de empleo, que asegura la viabilidad económica de los centros de trabajo”, ha explicado Gómez de Diego. En su conjunto destinan cerca de 4 millones de euros anuales y no necesita presentar ninguna garantía para recibirla.

Por su parte, los representantes de CERMI y EAPN han destacado la aportación técnica que ofrecen a todos sus miembros en sus relaciones con la administración y han agradecido la voluntad de la consejera de trabajar de forma colaborativa en favor de las personas más vulnerables.