El jurado ha declarado, por unanimidad, culpable a la acusada de matar a puñaladas a su cuñada en Torrelavega y prender fuego después a la vivienda en la que convivían, “valiéndose de un ataque repentino y sorpresivo” que impidió a la víctima “defenderse”, y causándole además un dolor y un sufrimiento “adicionales” que eran “innecesarios” para ese resultado.

Así lo han concluido esta tarde los nueve miembros del tribunal con el que a lo largo de la semana se ha celebrado el juicio contra Pracelis Dominga T.V. en la Audiencia de Cantabria, y que han estado de acuerdo en todos los hechos objeto de deliberación menos uno: el relacionado con el trastorno de la procesada, que al igual que ayer ha seguido la vista por vídeo, desde la unidad penitenciaria de psiquiatría del Hospital Valdecilla donde permanece internada.

En este punto, han considerado por mayoría -de seis miembros- que en el momento de los hechos, el 26 de julio de 2019, la inculpada padecía un trastorno psicótico y de la personalidad no especificados, con “rasgos inmaduros”, que “mermó gravemente” pero no anuló sus facultades cognitivas y volitivas, es decir, su capacidad para conocer el alcance y trascendencia de sus actos y de actuar conforme a dicha compresión.

La acusada, nacida en 1974 en República Dominicana, admitió parcialmente lo sucedido en el interrogatorio de las partes, ya que admitió haber acabado con la vida de la hermana de su pareja, pero asestándole únicamente cuatro de la veintena de puñaladas que presentaba el cuerpo, que en total tenía medio centenar de heridas y lesiones. Y además, alegó que lo hizo “porque un científico me programó para que lo hiciera”, según se justificó.

Junto por esta declaración, la vista -desarrollada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria- ha estado marcada por la negativa de la implicada a asistir a las sesiones desde el penúltimo día, en el que se desarrolló la prueba pericial y las partes elevaron a definitivas sus conclusiones antes de leer sus respectivos informes.

En esa fase, tanto la acusación particular, ejercida por familiares de la fallecida, como la defensa modificaron su escrito inicial y se adhirieron al de la del ministerio público, interesando igualmente catorce años y nueve meses de prisión, frente a los 22 años de cárcel y la libre absolución que pedían en un principio, respectivamente, a la vista del reconocimiento de lo ocurrido y de los informes de los forenses que examinaron el cadáver y a la implicada.

Este viernes, tras la deliberación del jurado y la emisión del veredicto, la fiscal y las dos abogadas han ratificado sus peticiones por un delito de asesinato con la agravante de parentesco y la eximente incompleta de alteración psíquica, y que también conlleva ocho años de libertad vigilada tras la condena y prohibición de aproximarse al hermano e hija de la víctima a menos de un kilómetro o comunicarse con ellos durante 18 años. Y para esta última se solicita, además, una indemnización de 60.000 euros.


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